Unos visitantes pintaron la leyenda “Love” sobre uno de los paneles. Los grabados rupestres -268 en 57 paneles, con un notable predominio de los podomorfos- fueron realizados por la población indígena pre-colonial, lo que los investigadores han relacionado con la cosmovisión mágico-religiosa.

La cima de Tindaya se halla a 400 metros de altitud. La montaña de origen volcánico, tierra sagrada para los aborígenes majoreros, está declarada Monumento Natural protegido (186,7 hectáreas en el municipio de La Oliva), Bien de Interés Cultural (BIC), Área de Sensibilidad Ecológica y Punto de Interés Geológico. En el entorno del paraje, el visitante pude aproximarse a una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), donde sobrevuelan el corredor sahariano, la avutarda hubara, el halcón tagarote o la pardela cenicienta; especies vegetales endémicas de Fuerteventura y Lanzarote que se hallan en peligro de extinción, como la cuernúa o chumberilla de lobo, también están presentes en la zona.

En torno a Tindaya, el fallecido escultor Eduardo Chillida tuvo un “sueño” en 1994: la creación de una obra escultórica en el interior de la montaña. Un año después el Gobierno de Canarias presidido por Manuel Hermoso, de Coalición Canaria, declaró la intuición del artista -el Proyecto Monumental de Tindaya- de interés general. Se trata de construir un cubo vacío de 50x50x50 metros, con un túnel de acceso de 200 metros y dos tragaluces. La ejecución de la idea –un monumento dedicado a la “tolerancia”- implica abrir en canal la montaña y trabajos de vaciado interior. En 2018 las obras no se han iniciado, pese a los anuncios oficiales que remitían a este año; el Cabildo de Fuerteventura cifró el coste inicial de la actuación en 80 millones de euros.

Uno de los pasos significativos se dio en febrero de 2016, cuando los presidentes del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales (los dos miembros de Coalición Canaria y actualmente en el cargo), firmaron la escritura pública para constituir la Fundación Montaña de Tindaya, dotada con un presupuesto de 60.000 euros y encargada de sacar a concurso la construcción del monumento. Por otra parte, la Coordinadora Montaña Tindaya calificó el proyecto y la perforación como “atentado medioambiental y arqueológico”; además el colectivo denunció la capacidad –de veto y presupuestaria- que en la fundación pública se le concedía a una empresa privada, Zabalaga Leku, constituida por los ocho hijos de Chillida.

Las autoridades han afirmado siempre el valor del monumento como “producto turístico”, en una isla, Fuerteventura, con 110.000 habitantes y que en 2017 batió su record de turismo nacional e internacional: 3,4 millones de visitantes, según datos del Cabildo. El Patronato de Turismo de Fuerteventura también ha resaltado que la iniciativa de Chillida podría integrarse en “un gran parque temático”. En 2016 el actual presidente del Patronato y del Cabildo, Marcial Morales, subrayó que la empresa adjudicataria de las obras podría recuperar la inversión “con la explotación, durante una serie de años de las entradas, y la Administración no habrá aportado ni un solo euro”. Pero este optimismo en las cuentas se contrapone a otras versiones, también oficiales; en abril de 2016 y a finales de 2017 el Gobierno de Canarias reconoció en sede parlamentaria haber gastado 17,5 millones de euros en el proyecto (1,9 millones en costas judiciales), sin que todavía hayan empezado las obras.

Pero no es la cifra definitiva. En 2008, trece años después que la idea de Chillida se declarara de interés general, el entonces consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, admitió un gasto de 25,7 millones de euros. La obra de ingeniería ya ha supuesto “el robo de más de 30 millones de euros de las arcas públicas; se trata de la obra de arte (nunca hecha) más cara del planeta”, denuncia la Coordinadora Montaña Tindaya, que ha participado en el libro “Tindaya. El monumento ya existe” con la distribuidora Zambra, la Coordinación de luchas contra el empobrecimiento y la exclusión Baladre y Ediciones Libreando. El libro colectivo pone números al quebranto, detalla los desembolsos para la intervención escultórica y el modo en que se favoreció a las empresas.

Por ejemplo, para desarrollar la iniciativa de Chillida el Gobierno de Canarias abonó 5,4 millones de euros a Cabo Verde SA, propiedad del empresario Rafael Bittini, a fin de rescatar la concesión minera que le permitía explotar las canteras de Tindaya (la montaña contiene grandes cantidades de una roca volcánica, la traquita, muy valorada como material de construcción). Sin embargo, recuerda el texto de Zambra y Baladre, “el procedimiento normal cuando se quiere hacer una obra pública es la expropiación”, lo que hubiera rebajado significativamente los costes. Además, la compra de la concesión insufló aire en las cuentas de Cabo Verde SA, que afloraba sustanciales pérdidas.

Otra aportación notable de dinero público tuvo como destinatario el consorcio integrado por NECSO Entrecanales y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), adjudicatario de la obra. El Gobierno de Canarias pagó a esta Unión Temporal de Empresas (UTE) 11,7 millones de euros en concepto de “gastos de estudio e implantación”, que no se realizaron (el dinero se destinó a comprar los derechos mineros a la sociedad Cabo Verde). El ejecutivo reclamó entonces una indemnización por daños y perjuicios, pero una sentencia del Tribunal Supremo de 2012 cerró esta posibilidad, ya que, según el fallo, la administración era conocedora del proyecto turístico-monumental, lo supervisaba y participaba en éste a través de una empresa pública. El libro de Baladre y Zambra recuerda otros ejemplos de inversiones cuestionadas; así, el Gobierno de Canarias encargó en febrero de 2003 el informe sobre la viabilidad de la escultura a la firma Estudio Guadiana, por 1,7 millones de euros y sin concurso público; el director de la empresa y responsable técnico del proyecto es el arquitecto Lorenzo Fernández Ordóñez, hijo del ingeniero José Antonio Fernández Ordóñez, quien fue amigo y colaborador de Chillida.

La Coordinadora Montaña Tindaya critica además el gasto público en procedimientos judiciales, maquetas, exposiciones, realización de documentales y viajes para la promoción del gran cubo; en otra muestra de apoyo público, el Cabildo de Fuerteventura aportó a la Fundación Montaña de Tindaya un edificio de 254 m2 del siglo XVIII, la Casa Alta de Tindaya, en cuya restauración invirtió 400.000 euros.

Los actos reivindicativos, festivales, protestas, charlas informativas y recogida de firmas (70.000 rúbricas, en mayo de 2017) se han sucedido durante más de 25 años. Ya en su primer comunicado, de 1996, la Coordinadora Montaña Tindaya denunció que, tras el macroproyecto escultórico, “se esconden oscuros intereses de extracción y explotación de la piedra de Tindaya”. Una parte de la batalla ha consistido en los recursos judiciales. En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló parcialmente las Normas de Conservación del Monumento Natural aprobadas por el gobierno autonómico, tras un recurso de Ben Magec-Ecologistas en Acción. La cuestión de fondo residía en la delimitación del Bien de Interés Cultural (BIC) y la protección de la zona arqueológica, lo que motivó otro recurso contencioso-administrativo de los ecologistas en 2015; la propuesta de la Administración “se centra únicamente en los grabados que se hallan en la cima, cuando los informes técnicos avalan que ha de ser considerada toda la montaña como ‘zona arqueológica’ (cima, ladera y base), ya que es el conjunto lo que explica y da soporte a los grabados podomorfos”, argumentó Ecologistas en Acción, que llegó a la siguiente conclusión: “La delimitación del BIC de Tindaya está pensada para salvar el proyecto de Chillida”.

En abril de 2016, la Coordinadora Montaña Tindaya celebró el Día de la Tierra a los pies de este espacio protegido, en un acto también destinado a relanzar el colectivo. Un año después, activistas anticolonialistas del colectivo SOS Tindaya iniciaron una huelga de hambre en las inmediaciones de la montaña, para rechazar su destrucción y reivindicar el Lugar Sagrado de Tindaya como “parte de la cultura Amazigh del norte de nuestro continente”; también pidieron la declaración de Patrimonio Mundial para salvar la montaña del “expolio”. Al cuarto día de protesta, una de las activistas fue agredida por dos desconocidos. En marzo de 2017, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife y WWF firmaron el “Manifiesto por Tindaya”, que se agregaba a los escritos que desde 1996 habían remitido al escultor Chillida; criticaban la pretensión de convertir la montaña en un “parque temático” y el abandono sufrido por el paraje durante más de dos décadas (Podemos denunció el verano pasado la destrucción de tres paneles y la desaparición parcial de otros dos).

En otro documento colectivo, 175 historiadores del arte, escultores, geógrafos, ingenieros, antropólogos y directores de museo firmaron para que el “sueño” de Chillida no se ejecutara en “uno de los espacios con mayor protección legal del archipiélago”. Más allá de la movilización social, en abril de 2017 Podemos planteó en el Parlamento de Canarias una iniciativa para que la UNESCO declare Patrimonio de la Humanidad la montaña de Tindaya. La Proposición No de Ley contó con el apoyo de Nueva Canarias, y el rechazo de Coalición Canaria, el PP y el PSOE. Coalición Canaria presentó una enmienda, después retirada, que aceptaba la propuesta aunque “incluyendo la realización del proyecto de Chillida”, informó Diario de Fuerteventura. La diputada del PP, Águeda Montelongo, subrayó que la iniciativa de Chillida es el “sueño” de Fuerteventura, sólo empañada “por la gran chapuza que hizo Coalición Canaria”, según la Agencia Efe.

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